El Parlamento y el Consejo Europeo han intensificado la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Fruto de ello, la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el banqueo de capitales o la financiación del terrorismo, obliga a los gobiernos de la Unión a crear registros centralizados de propietarios efectivos de empresas (que son quienes realmente toman las decisiones societarias).

El registro podrá ser consultado por las autoridades y por aquellas personas que demuestren tener un interés legítimo. Concretamente, podrán acceder al nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad y país de residencia de los propietarios, así como conocer detalles sobre la propiedad.

La Directiva exige especial vigilancia de transacciones sospechosas, entre otros, a los bancos, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y casinos respecto de sus clientes.

La citada Directiva deberá ser objeto de transposición a nuestro ordenamiento jurídico antes del 26 de junio de 2017.

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