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El derecho de separación en la fusión

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El derecho de separación en la fusión

En este artículo del Blog explicamos el derecho de separación que un socio o accionista puede tener dentro de un proceso de fusión de empresas, todo ello dentro de un proceso de reestructuración societaria o empresarial.

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Acuerdos entre socios

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Acuerdos entre socios

A la hora de emprender un nuevo negocio, se presta una especial atención a todos los aspectos económicos de la empresa, y sin embargo, muy frecuentemente se pasan por alto determinados aspectos legales, que son muy importantes para prevenir o solucionar graves problemas que pueden afectar a la viabilidad del negocio en el futuro.

En este sentido,  en numerosas ocasiones, diversas personas con las que se mantiene una relación de confianza, e incluso de amistad, deciden iniciar un proyecto empresarial, y para ello deciden constituir una nueva sociedad.

En este proceso de creación de la nueva entidad, se elije la denominación que va a tener dicha entidad mercantil, se desembolsa el capital mínimo exigido por la legislación vigente, se acude a la Notaria y se otorga la escritura de constitución de la sociedad.

Usualmente, los socios van aportando fondos a la sociedad con la finalidad de que la misma pueda financiar la adquisición de inmuebles, maquinaria, o simplemente para afrontar los gastos de lanzamiento de la sociedad hasta el momento en que el negocio sea rentable.

Sin embargo, con el paso del tiempo pueden surgir discrepancias entre los socios debido a la forma en que se dirige la actividad de la sociedad, por la marcha del negocio, y es en ese momento cuando surgen los problemas. 

Como norma general, de acuerdo con la legislación societaria vigente, en caso de discrepancia entre los socios, no es posible obligar al resto de socios a comprar o vender las acciones o participaciones en la sociedad.

Por el mencionado motivo, aun en los supuestos en los que la relación entre los socios se haya deteriorado de forma significativa, y aunque se tengan discrepancias irreconciliables en la gerencia del negocio, los socios se ven obligados a continuar conviviendo en la sociedad.

En los citados casos se pueden producir situaciones de bloqueo social, en los que no es posible adoptar ningún tipo de decisión por la Junta General, o en su caso, por el Consejo de Administración, y que pueden terminar en la disolución o el cierre del negocio.

En otras ocasiones, uno o varios de los socios tienen una situación de control de la sociedad, y marginan a los socios minoritarios, tanto en la gestión diaria de la sociedad, como en la adopción de los acuerdos más importantes de la sociedad.

En estas situaciones, es necesario señalar que de acuerdo con la legislación aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada, y sociedades anónimas, un socio minoritario no puede obligar al resto de socios a distribuir dividendos o reservas de la sociedad.

Asimismo, como regla general, los socios propietarios de acciones o participaciones sociales representativas de más del cincuenta por ciento del capital social, pueden cesar de su cargo a los administradores de la sociedad, en la mayoría de los casos sin abonarle ningún tipo de indemnización.

En consecuencia en una situación de conflicto social, es habitual que los socios minoritarios que ocupan cargos en el órgano de administración sean cesados de los mismos, con o sin indemnización, y que los socios mayoritarios bloqueen la adopción de acuerdos de distribución de dividendos.

Es decir, el socio minoritario puede verse expulsado de la gestión diaria de la sociedad, y verse privado de la remuneración como administrador, y de la efectiva percepción de su participación en los beneficios de la sociedad.

Por otra parte, si el socio minoritario ha realizado aportaciones para financiar la sociedad, en conceptos distinto a la aportación de capital social, se empieza a plantear cómo recuperar dichas aportaciones, y de nuevo comprueba que no existen pactos en relación con el plazo de devolución de dichas aportaciones, tipo de interés…etc.

En esta situación el socio minoritario deja de contemplar la sociedad como un medio de vida, y fuente de obtención de ingresos y empieza a contemplar la sociedad como una fuente de problemas. 

El socio minoritario, ante el dramático cambio en la situación, comienza a pensar en la conveniencia de dejar la sociedad, y se empieza plantear la venta de sus participaciones o acciones, o por otra parte, la posible compra de las participaciones o acciones del socio mayoritario.

En relación con una posible venta de participaciones sociales o acciones en una sociedad pequeña o mediana, es muy improbable que un tercero esté interesado en adquirir una participación minoritaria en la sociedad, y por otra parte no se puede obligar al socio mayoritario a comprar dicha participación. 

Aún en el improbable supuesto de que se encontrase un potencial comprador o se negociase con el socio mayoritario, es evidente que el precio que un tercero o el socio mayoritario estaría dispuesto a pagar, se vería reducido por la situación de conflicto social, y por la falta de ningún tipo de control o protección del socio minoritario.

Asimismo, si el socio o accionista mayoritario tuviese la suficiente mayoría como para acordar un aumento de capital en la sociedad, el socio minoritario se puede ver obligado a realizar nuevas aportaciones a la sociedad, o bien, a ver reducido su porcentaje de participación en la sociedad.

Con la finalidad de evitar o prevenir toda la citada problemática, es fuertemente recomendable firmar un acuerdo o contrato entre los socios, en el que se regule:

a)      el proceso de constitución de la sociedad, el porcentaje de participación que va a tener cada uno de los socios,

b)      las actividades a las que se va a dedicar la sociedad,

c)      el sistema de administración de la sociedad, y la representación que va a tener cada uno de los socios en dicho órgano de administración, así como la remuneración y estipulaciones en relación con la prohibición o autorización de no-competencia.

d)      Sistema de mayorías cualificadas con la finalidad de proteger a los socios minoritarios proporcionándoles en la práctica la posibilidad de bloquear la adopción de acuerdos relevantes, como ampliaciones o reducciones de capital, fusiones…etc

e)      Política de distribución de dividendos, con la finalidad de establecer la obligatoriedad de distribución de un dividendo mínimo anual

f)       Régimen aplicable a las contribuciones de los socios que no tengan carácter de aportación a capital, principalmente plazos de devolución, tipo de interés. Posible obligatoriedad de realizar nuevas aportaciones…etc.

g)      Régimen de transmisión de participaciones o acciones.

h)      Procedimientos para solucionar las situaciones de bloqueo social. En este sentido se suelen pactar procedimientos de compra o de venta de las participaciones o acciones de la sociedad, entre los socios, o a terceros,

 

i)        Procedimientos de información a los socios,

j)        En determinados supuestos es conveniente establecer determinadas menciones a pactos comerciales de los socios o accionistas con la sociedad.

k)      Procedimiento de reclamaciones e indemnizaciones a abonar en caso de incumplimiento…etc

Es necesario señalar que todas las estipulaciones sólo tienen efecto entre las partes que lo firman, y que para que las mismas sean oponibles frente a terceros, es necesario, en el caso de que sea posible, incluir las estipulaciones pactadas en los estatutos sociales de la Sociedad e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Por otra parte, en ocasiones, a la hora de elaborar el acuerdo entre los socios, se descubre que la concepción o idea de negocio que tenían los socios, y que se daba por supuesta, no es la misma para todos ellos. 

En conclusión, podemos afirmar que la elaboración y redacción de un acuerdo entre socios tiene la finalidad, no sólo de reducir o eliminar problemas futuros, sino para reafirmar que los socios tienen un acuerdo mínimo acerca de las principales directrices de funcionamiento del negocio, y la viabilidad del mismo. 

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¿Anula el TS la suscripción de la oferta pública de acciones de Bankia para todos los accionistas?

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¿Anula el TS la suscripción de la oferta pública de acciones de Bankia para todos los accionistas?

Dos recientes Sentencias de fecha 3 de febrero de 2016 del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo han resuelto dos recursos de Bankia contra la anulación de la adquisición de sus acciones con ocasión de la Oferta Pública de Suscripción de acciones del año 2011, confirmando las dos sentencias de las Audiencias Provinciales de Valencia y de Oviedo ratificando que hubo error en el consentimiento por parte de los compradores debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública

La Sala del Tribunal Supremo ha desestimado todos los motivos de los recursos, señalando "la existencia de graves inexactitudes en el folleto de la oferta pública que no se alcanza por considerarla 'notoria', sino como resultado de la valoración de las pruebas practicadas", entre otras, la de los informes de los peritos del Banco de España.

Así mismo el Tribunal Supremo rechaza que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales en vía civil por prejudicialidad.

Finalmente, afirma el Tribunal Supremo que "los adquirentes de las acciones se hicieron una representación equivocada de la situación patrimonial y financiera, y de la capacidad de obtención de beneficios de Bankia y, consecuentemente, de la posible rentabilidad de su inversión". Y añade: "La cualidad de pequeños inversores que tienen los demandantes hace que este error deba considerarse excusable, pues, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros inversores más cualificados, carecen de otros medios de obtener información".

Ante este nuevo escenario, Bankia ha decidido poner en marcha un proceso para devolver el dinero invertido a los accionistas minoristas que compraron títulos en la salida a Bolsa de 2011 "sin necesidad de cumplir ninguna otra condición", tal y como han afirmado desde la propia entidad.

Bankia devolverá a los accionistas minoritarios "el importe íntegro" de su inversión inicial a cambio de la devolución de las acciones a la entidad. En el caso de que hubiesen vendido las acciones, la entidad les abonará la "diferencia entre lo invertido y lo obtenido con la venta de los títulos".

De esta forma, el proceso de devolución del dinero de los pequeños inversores implica que la propia Bankia reconoce que la información financiera de su salida a bolsa era falsa y por lo tanto, engañaron a los inversores.

El periodo de devolución comienza hoy jueves 18 de febrero de 2016 y los accionistas tendrán tres meses de plazo (hasta el 18 de mayo de 2016) para reclamar la devolución.

Es importante matizar, que la devolución no se realizará a quienes compraron acciones después de la salida a Bolsa, ni a institucionales ni a aquellos que ya disponen de sentencia judicial. Bankia solo devolverá el dinero a quienes acudieron a la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) que la propia entidad realizó en julio del año 2011, pero no a quienes compraron acciones posteriormente en Bolsa, ni a los titulares de acciones adjudicadas por los mecanismos de canje de instrumentos híbridos —efectuados en marzo de 2012 y mayo de 2013— ni a los inversores del tramo institucional, ni a los inversores objeto de sentencia firme, tanto favorable como desfavorable para el inversor.

Respecto a las condiciones de devolución de Bankia, señalar que se reintegraran las cantidades invertidas con de interés anual del 1%, cuando el interés legal del dinero es actualmente del 3,5% y ha llegado a alcanzar incluso un 4,5 %, lo que beneficia a la entidad financiera y perjudica nuevamente a los intereses de los pequeños inversores.

Adicionalmente, la devolución de las inversiones se realiza haciéndoles firmar al accionista un documento que regula el artículo 22 LEC de terminación del procedimiento judicial por carencia sobrevenida del objeto, donde no hay condena en costas y cada parte asume sus gastos judiciales. Nuevamente, Bankia se está ahorrando los posibles intereses y costas, siendo nuevamente perjudicado el consumidor.

El Tribunal Supremo subraya en ambos fallos que fue el pequeño inversor quien resultó engañado, por lo que de momento, y así lo entiende la entidad bancaria, la anulación de la salida a bolsa afecta sólo a los pequeños inversores. Sigue diciendo el Tribunal Supremo, que las graves inexactitudes del folleto llevaron a error a los pequeños ahorradores, pero que los inversores cualificados tenían otros medios para conocer más a fondo la situación de la entidad. Este hecho supone un balón de oxigeno para la entidad, que deberá seguir defendiéndose en los Tribunales.

El alto Tribunal se centra sobre todo en el caso de los pequeños ahorradores, pero no es más cierto que eso no impide la posibilidad de iniciar acciones por parte de los institucionales porque lo que se discute como cuestión de fondo en realidad, es si el folleto contenía información falsa o no.

Existen a día de hoy muchos inversores institucionales (fondos, grandes compañías, Sicavs, Aseguradoras), y empresas que no van por tanto a ser beneficiarias de la devolución voluntaria por parte de Bankia, atendiendo a una interpretación restrictiva del fallo judicial del Tribunal Supremo. Y estas empresas deben hacer valer la firmeza de estas Sentencias en el sentido de que el folleto contenía información falsa, para reclamar ante la Justicia los perjuicios que les provocó el folleto de la OPV, al haberse demostrado que contenía graves inexactitudes.

Sería a nuestro juicio una irresponsabilidad por parte de los administradores de las empresas afectadas o por parte de los gestores de fondos afectados, no iniciar acciones judiciales de reclamación por el dinero perdido con Bankia, máxime cuando la propia entidad reconoce tácitamente que la información financiera de su salida a bolsa era falsa, y por lo tanto, engaño a todos los inversores.

Esta actitud de pasividad de los propios administradores, podría incluso generarles posibles responsabilidades frentea los propietarios y accionistas de las mercantiles afectadas, por considerar que su “pasividad” no reclamando la devolución de la inversión, afecte gravemente el interés social de dichas sociedades.

Desde Alcazar Abogados y Consultores, nos encargamos de asesorar a todos los accionistas en la tramitación de la devolución del importe integro de su inversión, así como a formalizar las demandas de reclamación  de los accionistas institucionales y empresas frente a Bankia, atendiendo a la falsedad e inexactitud de la información que contenía el folleto.

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El uso de la expresión "etc." dentro del objeto social

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El uso de la expresión "etc." dentro del objeto social

La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 23 de julio de 2015 admite que el uso de la expresión “etc.”, en el objeto social de la sociedad y manifiesta que no da lugar a una indeterminación del objeto social.

La redacción artículo 2 de los estatutos sociales de la sociedad que pretendía la inscripción en el Registro Mercantil manifestaba que “la sociedad tiene por objeto las operaciones mercantiles de compraventa de accesorios y toda clase de elementos relacionados con los automóviles y vehículos de motor en general, que sean de tracción mecánica y terrestre, así como repuestos, complementos, accesorios, pinturas, barnices, ruedas etc., relativos a los mismos.”

En este sentido, el artículo 23 de la Ley de Sociedades de Capital y, especialmente, el artículo 178 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM) establecen que el objeto social debe determinar las actividades que lo integran. De hecho, según el artículo 178.3 RRM: “En ningún caso podrá incluirse como parte del objeto social la realización de cualesquiera otras actividades de lícito comercio ni emplearse expresiones genéricas de análogo significado”.

La DGRN concluye que es indudable que la actividad especificada en la disposición estatutaria, (incluyendo la expresión “etc.” cuestionada), acota suficientemente el sector de la realidad económica en que la sociedad pretende desarrollar su objeto, manifestando de esta forma que la expresión “etc.”, ubicada al final de una relación de varios sustantivos, manifiesta el carácter abierto y ejemplificante de su contenido y se emplea para evitar la enumeración de un listado demasiado amplio de sustantivos que se sobreentienden y que no interesa expresar.

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Notas sobre la Sociedad Limitada en Formación Sucesiva

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Notas sobre la Sociedad Limitada en Formación Sucesiva

La Sociedad Limitada de Formación Sucesiva se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico con la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores con el fin de abaratar el coste inicial de constituir una sociedad. Este subtipo societario permite constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada sin tener que cumplir la exigencia legal del capital social mínimo de 3.000 €.

En este sentido, destacar la Resolución de 18 de junio de 2015 de la Dirección General de los Registros y del Notariado que deniega la inscripción de la escritura de constitución de una Sociedad Limitada de Formación Sucesiva en el Registro Mercantil por tener un capital suscrito y no desembolsado de 3.000 €.

Como se ha dicho anteriormente, esta tipología de Sociedad Limitada tiene su frontera en el capital social de 3.000 €, por lo tanto, la cuantía del capital social determinará la posibilidad de constituir una Sociedad Limitada de Formación Sucesiva.

Por ejemplo, con un capital social suscrito y desembolsado de 2.999 €, o de 1 €, podremos constituir una Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, cuyo régimen será aplicable hasta el momento en que el capital social alcance los 3.000 €, momento a partir del cual estaremos ante una Sociedad Limitada.

Cabe destacar que el régimen de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva es idéntico al de la Sociedad Limitada, salvo determinadas obligaciones específicas que garantizan una adecuada protección a terceros, tales como:

a) Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20 por ciento del beneficio del ejercicio sin límite de cuantía.

b) Una vez cubiertas las atenciones legales o estatutarias, sólo podrán repartirse dividendos a los socios si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resultare inferior al 60 por ciento del capital legal mínimo.

c) La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores por el desempeño de tales cargos durante esos ejercicios no podrá exceder del 20 por ciento del patrimonio neto del correspondiente ejercicio, sin perjuicio de la retribución que les pueda corresponder como trabajador por cuenta ajena de la sociedad o a través de la prestación de servicios profesionales que la propia sociedad concierte con dichos socios y administradores.

Por lo tanto, concluir que para la constitución de una Sociedad Limitada de Formación Sucesiva el capital social siempre tendrá que ser inferior a 3.000 € y siempre deberá estar desembolsado, ya que el régimen de desembolsos parciales tan solo está permitido para las Sociedades Anónimas.

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Novedades mercantiles en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria

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Novedades mercantiles en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria

El pasado 23 de julio entró en vigor la esperada Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (“LJV”). La jurisdicción voluntaria venía estando regulada dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde 1855. Ante normas obsoletas que carecían del adecuado rigor técnico, se separa la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común, manteniéndose no obstante entre ellas relaciones de especialidad y subsidiariedad.

Esta Ley se caracteriza por la desjudicialilzación de ciertas materias de jurisdicción voluntaria que hasta ahora eran atribuidas en régimen de exclusividad a Jueces y Magistrados. Con el fin de optimizar los recursos públicos disponibles y que los jueces y magistrados centren sus esfuerzos en ejercer la potestad jurisdiccional, por ello, se ha optado por establecer competencias compartidas entre Secretarios judiciales, Notarios y Registradores de la propiedad y mercantiles.

La Ley modifica numerosas leyes: Código Civil, Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital, Ley del Registro Civil, Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, Ley de Notariado… A continuación procedemos al análisis de las modificaciones que afectan a la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”):

·   Adquisición originaria y derivativa de acciones y participaciones (Arts. 139 y 141 LSC).

Con la entrada en vigor de la Ley ha dejado de ser competente el Juez de lo mercantil del domicilio social en favor del Secretario judicial o Registrador mercantil para recibir solicitudes de reducción de capital cuando una sociedad no hubiera enajenado voluntariamente sus acciones o participaciones adquiridas de forma originaria (contraviniendo la prohibición legal de las sociedades de capital de asumir o suscribir sus propias acciones o participaciones). Así mismo, serán ellos quienes enajenen las acciones o participaciones sociales a instancia de parte interesada.

Además, ante la falta de enajenación en el plazo de tres años de las participaciones adquiridas de forma derivativa por una S.L. se puede solicitar al Secretario judicial o al Registrador mercantil del domicilio (y no a la autoridad judicial) la amortización y la reducción del capital.

Cabe señalar que en ambos casos la decisión favorable o desfavorable tanto del Secretario judicial, que se rige según la LJV, como del Registrador mercantil, que se rige según el Reglamento del Registro Mercantil (“RRM”), son recurribles ante el Juez de lo mercantil.

· Convocatoria Judicial de la Junta General (Arts. 169, 170 y 171 LSC).

Ya no existe la convocatoria judicial, que tenía lugar ante la falta de convocatoria en el plazo legalmente establecido de la junta general ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos. Los nuevos competentes para convocar en tal situación son el Secretario judicial o el Registrador mercantil del domicilio social.

El Secretario judicial convocará a la junta general de conformidad con lo establecido en la legislación de jurisdicción voluntaria. El Registrador mercantil convocará a la junta general en el plazo de un mes desde que hubiera sido formulada la solicitud, indicando el lugar, día y hora para la celebración así como el orden del día, designando al presidente y secretario de la junta. No cabrá recurso alguno contra la resolución que acuerda la convocatoria de la junta general.

Ambos también pueden convocar a la junta general para el nombramiento de administradores en casos especiales, como sucede ante la muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes.

· Nombramiento y revocación del auditor (Arts. 265 y 266 LSC).

En esta materia se ha extendido al Secretario judicial la competencia del Registrador mercantil para el nombramiento de auditor, en el caso de que la junta general debiendo hacerlo, no lo hubiera nombrado antes de que finalice el ejercicio a auditar, o el designado no haya aceptado el cargo, o no pueda cumplir con las obligaciones. El Secretario y el Registrador también pueden revocar al auditor que hubieran nombrado ellos o la junta general y nombrar a otro.

La solicitud de nombramiento dirigida al Registrador se tramitará según el RRM, igual que para recurrir la resolución por la que acuerda o no el nombramiento. Si se insta la solicitud ante el Secretario judicial, se aplica la LJV, y ante el Juez de lo mercantil se podrá recurrir la resolución del nombramiento del secretario y la resolución que cualquiera de los dos dicte sobre la revocación del auditor.

· Nombramiento y separación de liquidadores (Arts. 377 y 380 LSC).

Deja de ser competencia exclusiva del Juez de lo mercantil del domicilio social nombrar y separar liquidadores. Desde la entrada en vigor de la LJV se puede solicitar al Secretario judicial o al Registrador mercantil del domicilio social la convocatoria de la junta general para el nombramiento de los liquidadores en caso de fallecimiento o cese del liquidador único, de todos los liquidadores solidarios, de alguno de los liquidadores que actúen conjuntamente, o de la mayoría de los liquidadores que actúen colegiadamente, sin que existan suplentes.

Además, el Secretario judicial y el Registrador mercantil del domicilio social son los competentes para separar a los liquidadores de una S.A., mediante justa causa y a petición de accionistas que representen la vigésima parte del capital social. Incluso pueden separar, a solicitud de quien acredite interés legítimo, a los liquidadores que ellos mismos hubieran nombrado.

La solicitud de nombramiento o de separación dirigida al Registrador mercantil se tramitará de acuerdo a lo dispuesto en el RRM, mientras que la instada ante el Secretario judicial seguirá los trámites establecidos en la LJV. Tanto la resolución por la que se acuerda o no el nombramiento, como aquella por la que se separan los liquidadores son recurribles ante el Juez de lo mercantil.

· Nombramiento y sustitución de interventores (Art. 381 y 389 LSC).

Desde la entrada en vigor de la Ley, los accionistas que representen la vigésima parte del capital social que quieran solicitar la designación de un interventor deberán hacerlo al Secretario judicial o al Registrador mercantil del domicilio social, y no al Juez de lo mercantil.

La solicitud dirigida al Registrador mercantil se tramitará de acuerdo a lo dispuesto en el RRM, y la instada ante el Secretario judicial seguirá los trámites establecidos en la LJV. La resolución que resulte del nombramiento, será recurrible ante el Juez de lo mercantil.

Además, en situación de duración excesiva de la liquidación, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar la separación de los liquidadores al Secretario judicial o al Registrador mercantil del domicilio social, quienes acordarán la separación y nombrarán liquidador a quien tengan por conveniente. La resolución sobre la revocación del auditor será recurrible ante el Juez de lo mercantil.

· Convocatoria de la asamblea general de obligacionistas (Art. 422 LSC).

Ante la falta de convocatoria por el comisario de la asamblea solicitada por los obligacionistas que representan, al menos, la vigésima parte de las obligaciones emitidas y no amortizadas, pueden el Secretario judicial o el Registrador mercantil del domicilio social, previa audiencia del comisario, realizar tal convocatoria.

El Secretario judicial convocará la asamblea general de obligacionistas atendiendo a la LJV, mientras que el Registrador mercantil lo hará según el RRM. Cabe advertir que no cabrá recurso ante el decreto o resolución que acuerde la convocatoria de la asamblea general de obligacionistas.

 

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