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Alcazar Bancario

Sobre la STS de 12 de enero de 2015 y la caducidad de la acción de nulidad del Art. 1301 Cc.

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Sobre la STS de 12 de enero de 2015 y la caducidad de la acción de nulidad del Art. 1301 Cc.

El artículo 1301 del Código Civil establece “La acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo empezará a correr: En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato.”

Según la doctrina tradicional y la jurisprudencia, en los contratos con obligaciones bilaterales o sinalagmáticos, la consumación se produce cuando se produce el cumplimiento total de las obligaciones entre las partes. Así lo pone de relieve la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de junio de 2003, cuando expresa que el cómputo se produce a partir de la consumación del contrato, o sea, hasta la realización de todas las obligaciones (sentencias, entre otras, de 24 de junio de 1897 y 20 de febrero de 1928).

En cuanto al concepto “consumación”, el diccionario de la Real Academia Española (“RAE”), lo define como: 1. f. Acción y efecto de consumar. 2. f. Extinción, acabamiento total, y en cuanto al verbo “consumar” lo define en la tercera de sus acepciones como “Ejecutar o dar cumplimiento a un contrato o a otro acto jurídico.”

De esta forma, la caducidad de multitud de contrataciones bancarias (Swaps, preferentes, fondos de pensiones, etc) se venía interpretando como el momento de cumplimiento de las obligaciones entre las partes, que solía coincidir con el momento del vencimiento de los productos bancarios.

Adicionalmente, muchos Juzgados de Primera Instancia venían interpretando erróneamente la consumación como el momento de la perfección, identificando este momento con la formalización de los contratos.

No obstante todo lo anterior, la Sentencia del Tribunal Supremo del 12 de enero de 2015, ha venido a implantar una nueva línea doctrinal y jurisprudencial en cuanto a la interpretación de la consumación, interpretando este, como el momento en el que se pudo tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo.

Señala la propia STS del 12 de enero de 2015: “Por ello, en relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error”

De esta forma, se ha venido reconocer el cumplimiento del tradicional requisito de la "actio nata", conforme al cual el cómputo del plazo de ejercicio de la acción, salvo expresa disposición que establezca lo contrario, no puede empezar a computarse al menos hasta que se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la causa que justifica el ejercicio de la acción. Tal principio se halla recogido actualmente en los principios de Derecho europeo de los contratos (art. 4:113).

Esta Sentencia ha venido a favorecer a muchos consumidores donde algunos tribunales habían desestimado sus peticiones argumentando la caducidad de dichas acciones, no obstante lo anterior, debemos de señalar que esta tesis también ha perjudicado a algunos consumidores que han esperado demasiado a reclamar ante los tribunales.

Bajo nuestro punto de vista, existen argumentos para seguir defendiendo la anterior tesis de la consumación, identificada con el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Dicha tesis tiene su lógica en que el único momento en el que se puede tener una visión global del contrato y de las consecuencias económicas del mismo, es en el momento de su vencimiento, ya que fijar la consumación en un momento anterior al vencimiento sería tener una visión parcial del mismo, acotada por un periodo de tiempo, que en la mayoría de casos te puede llevar a una visión o configuración errónea.

En este sentido, se expresa Sentencia de la AP de Soria de fecha 27 de abril de 2016 "la consumación del contrato", a efectos de fijar el dies a quo para el cómputo del plazo de caducidad, exige una fase en que se haya alcanzado la definitiva configuración de la situación jurídica resultante del contrato,”.

Adicionalmente, destacar que algunas salas de AP siguen manteniendo esta tesis, destacar las siguientes Sentencias (todas ellas posteriores a la STS de 12 de enero de 2015): Sentencia de la AP Barcelona de fecha 25 de mayo de 2016, Sentencia de la AP de Madrid en Sentencia defecha 6 de julio de 2016, Sentencia de la AP de Lleida en Sentencia defecha 4 de mayo de 2015, Sentencia de la AP de Soria en Sentencia de fecha 11 de febrero de 2016 Sentencia de la AP de Madrid en Sentencia defecha 23 de septiembrede 2016, Sentencia de la AP de León en Sentencia de fecha 13 de junio de 2016.

 

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¿Anula el TS la suscripción de la oferta pública de acciones de Bankia para todos los accionistas?

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¿Anula el TS la suscripción de la oferta pública de acciones de Bankia para todos los accionistas?

Dos recientes Sentencias de fecha 3 de febrero de 2016 del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo han resuelto dos recursos de Bankia contra la anulación de la adquisición de sus acciones con ocasión de la Oferta Pública de Suscripción de acciones del año 2011, confirmando las dos sentencias de las Audiencias Provinciales de Valencia y de Oviedo ratificando que hubo error en el consentimiento por parte de los compradores debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública

La Sala del Tribunal Supremo ha desestimado todos los motivos de los recursos, señalando "la existencia de graves inexactitudes en el folleto de la oferta pública que no se alcanza por considerarla 'notoria', sino como resultado de la valoración de las pruebas practicadas", entre otras, la de los informes de los peritos del Banco de España.

Así mismo el Tribunal Supremo rechaza que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales en vía civil por prejudicialidad.

Finalmente, afirma el Tribunal Supremo que "los adquirentes de las acciones se hicieron una representación equivocada de la situación patrimonial y financiera, y de la capacidad de obtención de beneficios de Bankia y, consecuentemente, de la posible rentabilidad de su inversión". Y añade: "La cualidad de pequeños inversores que tienen los demandantes hace que este error deba considerarse excusable, pues, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros inversores más cualificados, carecen de otros medios de obtener información".

Ante este nuevo escenario, Bankia ha decidido poner en marcha un proceso para devolver el dinero invertido a los accionistas minoristas que compraron títulos en la salida a Bolsa de 2011 "sin necesidad de cumplir ninguna otra condición", tal y como han afirmado desde la propia entidad.

Bankia devolverá a los accionistas minoritarios "el importe íntegro" de su inversión inicial a cambio de la devolución de las acciones a la entidad. En el caso de que hubiesen vendido las acciones, la entidad les abonará la "diferencia entre lo invertido y lo obtenido con la venta de los títulos".

De esta forma, el proceso de devolución del dinero de los pequeños inversores implica que la propia Bankia reconoce que la información financiera de su salida a bolsa era falsa y por lo tanto, engañaron a los inversores.

El periodo de devolución comienza hoy jueves 18 de febrero de 2016 y los accionistas tendrán tres meses de plazo (hasta el 18 de mayo de 2016) para reclamar la devolución.

Es importante matizar, que la devolución no se realizará a quienes compraron acciones después de la salida a Bolsa, ni a institucionales ni a aquellos que ya disponen de sentencia judicial. Bankia solo devolverá el dinero a quienes acudieron a la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) que la propia entidad realizó en julio del año 2011, pero no a quienes compraron acciones posteriormente en Bolsa, ni a los titulares de acciones adjudicadas por los mecanismos de canje de instrumentos híbridos —efectuados en marzo de 2012 y mayo de 2013— ni a los inversores del tramo institucional, ni a los inversores objeto de sentencia firme, tanto favorable como desfavorable para el inversor.

Respecto a las condiciones de devolución de Bankia, señalar que se reintegraran las cantidades invertidas con de interés anual del 1%, cuando el interés legal del dinero es actualmente del 3,5% y ha llegado a alcanzar incluso un 4,5 %, lo que beneficia a la entidad financiera y perjudica nuevamente a los intereses de los pequeños inversores.

Adicionalmente, la devolución de las inversiones se realiza haciéndoles firmar al accionista un documento que regula el artículo 22 LEC de terminación del procedimiento judicial por carencia sobrevenida del objeto, donde no hay condena en costas y cada parte asume sus gastos judiciales. Nuevamente, Bankia se está ahorrando los posibles intereses y costas, siendo nuevamente perjudicado el consumidor.

El Tribunal Supremo subraya en ambos fallos que fue el pequeño inversor quien resultó engañado, por lo que de momento, y así lo entiende la entidad bancaria, la anulación de la salida a bolsa afecta sólo a los pequeños inversores. Sigue diciendo el Tribunal Supremo, que las graves inexactitudes del folleto llevaron a error a los pequeños ahorradores, pero que los inversores cualificados tenían otros medios para conocer más a fondo la situación de la entidad. Este hecho supone un balón de oxigeno para la entidad, que deberá seguir defendiéndose en los Tribunales.

El alto Tribunal se centra sobre todo en el caso de los pequeños ahorradores, pero no es más cierto que eso no impide la posibilidad de iniciar acciones por parte de los institucionales porque lo que se discute como cuestión de fondo en realidad, es si el folleto contenía información falsa o no.

Existen a día de hoy muchos inversores institucionales (fondos, grandes compañías, Sicavs, Aseguradoras), y empresas que no van por tanto a ser beneficiarias de la devolución voluntaria por parte de Bankia, atendiendo a una interpretación restrictiva del fallo judicial del Tribunal Supremo. Y estas empresas deben hacer valer la firmeza de estas Sentencias en el sentido de que el folleto contenía información falsa, para reclamar ante la Justicia los perjuicios que les provocó el folleto de la OPV, al haberse demostrado que contenía graves inexactitudes.

Sería a nuestro juicio una irresponsabilidad por parte de los administradores de las empresas afectadas o por parte de los gestores de fondos afectados, no iniciar acciones judiciales de reclamación por el dinero perdido con Bankia, máxime cuando la propia entidad reconoce tácitamente que la información financiera de su salida a bolsa era falsa, y por lo tanto, engaño a todos los inversores.

Esta actitud de pasividad de los propios administradores, podría incluso generarles posibles responsabilidades frentea los propietarios y accionistas de las mercantiles afectadas, por considerar que su “pasividad” no reclamando la devolución de la inversión, afecte gravemente el interés social de dichas sociedades.

Desde Alcazar Abogados y Consultores, nos encargamos de asesorar a todos los accionistas en la tramitación de la devolución del importe integro de su inversión, así como a formalizar las demandas de reclamación  de los accionistas institucionales y empresas frente a Bankia, atendiendo a la falsedad e inexactitud de la información que contenía el folleto.

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