Son muchos los consumidores que en estos días, tras conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 21 de Diciembre 2016, donde se dictamina que los bancos deben devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes afectados por la existencia de clausula suelo en sus contratos hipotecarios con carácter retroactivo a la fecha de la firma del préstamo hipotecario, se preguntan si pueden reclamar la devolución, si en estos años han firmado algún documento de renuncia a reclamar a la entidad bancaria a cambio de una bajada temporal del tipo de interés o incluso a cambio de la eliminación de la propia clausula suelo.

Ante esta pregunta habitual, por el conservadurismo de muchos consumidores, debemos traer a colación el artículo 10 del RDL 1/2007 LGDCU que establece:

Art. 10 Irrenunciabilidad de los derechos reconocidos a los consumidores y usuarios

La renuncia previa a los derechos que esta norma reconoce a los consumidores y usuarios es nula, siendo asimismo nulos los actos realizados en fraude de ley de conformidad a lo previsto en el artículo 6 del Código Civil”.

Por ello, no importa cómo se hay redactado el pacto expreso de renunciar a cualquier tipo de acción judicial a cambio de la bajada temporal del tipo de interés o incluso la eliminación de la cláusula suelo sin devolución de cantidades, ya que el afectado mantiene íntegros sus derechos teniendo en cuenta que cualquier pacto, se exprese como se exprese, es radicalmente nulo.

Puede plantearse la duda de que pasaría en caso de iniciar la reclamación basándose en la nulidad de la renuncia ex artículo 10 LGDCU, si la entidad bancaria alegase que los derechos del artículo 8 LGDCU nacieron o se materializaron en un momento específico concreto dentro del marco de una negociación por una reclamación extrajudicial a partir del 9 de mayo de 2013, fecha del pronunciamiento del Tribunal Supremo o con anterioridad a dicha fecha. Ante este hecho, debemos decir que la variación sustancial de las circunstancias dejaría dicho pacto posterior sin efecto, ya que nos encontramos con que han nacido nuevos derechos y por tanto nuevas acciones tras la firmeza de la Sentencia 21 de Diciembre de 2016 TJUE.

Por tanto, si se interpusiera demanda contra la entidad bancaria y ésta a través de su representación procesal se opusiese alegando el pacto anteriormente expuesto como válido, existen argumentos sólidos de nulidad de dicho pacto a través del citado art. 10 LGDCU en relación al derecho otorgado por el art. 8.f) LGDCU, sin olvidar que en la vía de una negociación extrajudicial no existe cosa juzgada material ex art. 222.1 LEC.

Distinto sería si el acuerdo alcanzado con la entidad bancaria hubiese sido en sede judicial en donde se homologó el mismo, ya que dicha homologación si tendría efectos procesales vinculantes en virtud del art. 22.1 LEC, pudiendo alegarse por el banco la excepción de cosa juzgada material del art. 222 LEC.

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